Cámara oculta: la legalidad frena el derecho a la información

A doble página, Rosario G. Gómez anuncia en El Páis que “La cámara oculta sale a la luz”. El reportaje da un repaso a los casos más sonados de utilización de grabaciones camufladas en periodismo.

Tal y como explica la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Magis Iglesias. “La cámara oculta es un instrumento muy bueno para los periodistas, pero debe utilizarse conforme a unos principios deontológicos y sólo cuando no existan otros métodos para la investigación”. Es también necesario que el objeto esa investigación “cumpla una función social”. Esto es: que se trate de asuntos de interés general y no de un mero espectáculo.

Varios ejemplos de medios europeos (The Sunday Times, The Daily Telegraph, BBC…) y nacionales (Telecinco, Antena 3, Canal 9, Telemadrid…) muestran su utilidad con casos muy sonados. Muchos de ellos muestran que, además de un problema ético, existe un problema legal. Aquí se enfrentan dos derechos fundamentales: el de la libertad de información y el de la intimidad. Para la autora del reportaje, ha ganado el primero, pero el conflicto sigue abierto:

La justicia española tiende a poner frenos al derecho a la información (…) El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra Marc Carrillo precisa que la instalación de cámaras ocultas en un reportaje informativo puede incidir no sólo sobre el derecho a la intimidad -“esto es, el derecho a preservar al margen del conocimiento de otros aquel ámbito de la vida privada de una persona que es inaccesible a los demás, salvo que medie su propio consentimiento”-, sino, sobre todo, su derecho al secreto de las comunicaciones -“la garantía formal de que la comunicación que una persona mantiene con otra no está siendo sometida a una interceptación”-. Y añade: “Naturalmente, ello es así, excepto que medie una previa autorización judicial para la interceptación de la comunicación”.

Por eso, opina que la instalación de cámaras invisibles u otros instrumentos técnicos en un reportaje, de forma subrepticia y sin autorización del interesado -salvo que medie autorización judicial y sólo para la policía-, constituye “una lesión de los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y, en su caso, también del derecho a la intimidad”. Por ello, cualquier prueba obtenida así sería “jurídicamente inválida”.

Creo que es una cosa (más) a revisar en la legislación española. Me quedo con el modelo de la BBC, porque aunque coincido con el presidente del Club Internacional de Prensa (CIP), Francisco Giménez-Alemán, para quien el fin no justifica los medios para conseguir una información -“El periodista debe acreditarse, decir quién es y hacer las preguntas que correspondan. Y la persona con la que habla tiene derecho a hablar o no, a exhibir su imagen o no”, afirma-, puede convertirse en un ‘ultimo recurso’ muy útil, siempre y cuando queden perfectamente delimitados sus límites.

Recomiendo la lectura del reportaje y, ya que es un tema polémico, espero opiniones y comentarios ¿por qué no?

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